Fortalecer la generación e inversión de las regalías
Análisis publicado en la revista BANCA & ECONOMÍA, edición junio/2019. Una publicación de Asobancaria.
Alejandro Martínez Villegas
Ex viceministro de Minas y Energía
@amartinez_v
El Gobierno Nacional presentó al Congreso, en abril pasado, una propuesta de reforma a la Constitución Política. Con ella se busca modificar la distribución de las regalías para que las regiones productoras de minas e hidrocarburos (y los municipios portuarios) reciban entre el 30% y el 50% del total de los ingresos corrientes del Sistema General de Regalías. El gobierno destaca que se mantendrán los ingresos de las demás entidades territoriales y que se incluyen unos cambios para que haya mayor eficiencia en la aprobación de las inversiones de las regalías.
Acertadamente el Gobierno afirma que es necesario asignarle mayores recursos de regalías a las regiones productoras, para fortalecer la viabilidad de las actividades de exploración y producción minera y petrolera. Las regiones productoras son las que mayor impacto socio ambiental reciben con ocasión de las operaciones de la industria extractiva, que en 2011 sufrieron un recorte muy fuerte.
En efecto, el ingreso per cápita que recibían las entidades productoras (regalías directas) entre 1995 y 2011, se redujeron en más del 78% entre 2012 y 2018 (precios constantes de 2019), después de la reforma constitucional que buscó “esparcir la mermelada en todo el territorio nacional”.
Esa drástica reducción en los ingresos por regalías generó inconformismo en las comunidades y las autoridades territoriales. Se exacerbó el fenómeno creciente de consultas populares en contra de la industria extractiva, creció el número de paros, bloqueos y todo tipo de obstáculos de hecho y legales, para impedir las operaciones mineras y petroleras.
La situación pasó de castaño a oscuro porque las empresas del sector, a pesar de tener aprobados sus presupuestos de inversión, haber obtenido los innumerables permisos, concesiones y autorizaciones para adelantar sus operaciones, se vieron en la práctica impedidos para operar porque la gente en las regiones presentó oposición férrea. Debe advertirse, que en gran medida no fueron movimientos sociales o comunitarios espontáneos; la mano de actores con agendas políticas nacionales fue clara. Pero la disminución de los ingresos por regalías avivó ese fuego.
El tema no es de poca monta. Las regalías representan el 25,8% del total de los recursos de inversión de los municipios. Es prioritario lograr que esos recursos se sigan generando, que la exploración y producción minera y petrolera se pueda llevar a cabo: el presupuesto bianual de regalías actual (2019-2020) asciende a $24,2 billones de pesos. Si no se impulsan la minería y el petróleo, en el 2024 el presupuesto bajaría a solo $4 billones según estimativos del gobierno.
Pero no solo es necesario fortalecer la viabilidad de las operaciones y, por ende, la generación de la renta minera y petrolera. Es fundamental lograr que dicha renta se invierta bien. El solo hecho de descubrir yacimientos de petróleo o de minerales, no hace más rico a un país. Esos yacimientos son activos que ya existían y no son renovables. Al iniciar su explotación, se agotan. De allí la importancia de sustituirlo por otros activos que generen desarrollo económico y social.
Por esto es particularmente importante que el gobierno haya incluido en el Acto Legislativo en mención, unas modificaciones que permitirán rediseñar los Órganos Colegiados de Administración Decisión – OCAD mediante una ley posterior, que defina los proyectos de inversión y los mecanismos de aprobación. Se busca que haya inversión, pero también ahorro para el pasivo pensional y para la estabilización de las asignaciones directa (ya hay $10 billones ahorrados). No sobra señalar que se mantienen las previsiones relativas a los recursos para la estabilización y consolidación de la paz.
De otra parte, el país debe aprovechar el nuevo ciclo de precios altos del petróleo. Atrás quedaron los años de la estrepitosa caída generada por la sobreoferta de los EEUU. El precio sube desde hace un par de años, por diferentes razones pero últimamente la pendiente se ha aumentado gracias a las sanciones de los EEUU al gobierno Iraní.
Este incremento en el precio del crudo, se ha visto acompañado de un fenómeno extraordinario: no se está cumpliendo la regla de que los aumentos en el precio del crudo revalúan el peso. Por el contrario, aún con precios petroleros altos, hoy día la TRM sigue subiendo. Esto beneficia por doble partida al fisco nacional y a los fiscos territoriales, beneficiarios estos últimos de las regalías. Es claro que la TRM se ve afectada por la preocupación de los inversionistas por la calificación crediticia del país, en un contexto en el cual hay buenos vientos en los EEUU por las altas tasas de interés y el buen comportamiento de la bolsa de valores de Nueva York.
Obviamente, la mirada del Gobierno es de largo plazo, busca darle viabilidad a las operaciones mineras y petroleras para cuidar la generación de las regalías, la calidad de las inversiones y la eficiencia en los procesos de estudio y aprobación de la asignación de los recursos. Pero en últimas se trata también de aprovechar coyunturas como las actuales, mediante un régimen de regalías que le permita al país sustituir sus riquezas mineras y petroleras, por desarrollo económico y social.