La ilegalidad en la industria del gas propano pone en riesgo a los colombianos


El desconocimiento de la normatividad y la falta de compromiso de las instituciones encargadas de los procedimientos judiciales dificulta la lucha contra la ilegalidad.
El sector del gas propano pierde aproximadamente $140 millones de dólares por cuenta de este fenómeno.
Para GASNOVA, gremio de distribuidores de gas propano, es muy importante visibilizar uno de los problemas que más aqueja a la industria y pone en riesgo a los colombianos. A pesar de que actualmente existe un sistema de responsabilidad de marca, el cual le confiere derechos y deberes a las empresas legales que distribuyen GLP en relación con la construcción, fabricación, llenado y distribución de los cilindros de gas propano, la ilegalidad en el sector se presenta en diversas modalidades entre las que se destacan, el contrabando, la comercialización por distribuidores no registrados ni autorizados de acuerdo con la ley, llenaderos ilegales, transvase ilegal entre cilindros, venta de cilindros adulterados con combustible GLP de menor calidad y cantidad, camiones no registrados para la distribución, hurto, usurpación de marcas registradas de cilindros y falsedad marcaria.

Cada vez es más frecuente encontrar en zonas residenciales, parqueaderos, lotes cercanos a centros de educación, salud y establecimientos públicos del país plantas clandestinas de llenado sin medidas de seguridad que ponen en riesgo la vida y la economía de los usuarios de GLP.

En lo corrido de este año se ha encontrado al menos una planta clandestina de llenado al mes, en la cual se llega a envasar un promedio de 300 cilindros ilegales mensuales con contramarca de las empresas legales que distribuyen GLP, se han presentado alrededor de 3 explosiones por uso de cilindros ilegales que a su vez han dejado afectadas a aproximadamente 12 personas, se han capturado 4 camiones cargados de contrabando de gas propano.

Las empresas legales que distribuyen GLP han perdido aproximadamente 40 millones de dólares anuales y se estima que la población en riesgo por la presencia de este fenómeno en áreas urbanas y rurales del país puede ser superior a las 500.000 personas.

Cabe anotar que las empresas legales han realizado una inversión aproximada de 550 millones de dólares para formalizar el mercado y suministrar cilindros seguros y de alta calidad a los usuarios. Sin embargo, la lucha contra este fenómeno no ha sido fácil por diversos factores: la ilegalidad se presenta en zonas con problemas de seguridad y orden público, si bien existe una normatividad clara para el sector, el código penal no tipifica sanciones a conductas complejas concretas que en el caso del GLP, incluyen comercio ilegal mayorista y minorista con envase, almacenamiento, transporte y hurto de cilindros cuya propiedad y derecho marcario pertenece a una empresa legalmente registrada, suplantación de marca registrada. Es decir, no hay compromiso de las instituciones encargadas con los procedimientos de búsqueda, captura y allanamiento de los ilegales, entre otros.

En las inspecciones realizadas por la Policía Nacional en diversos territorios del país durante el mes de mayo, se hallaron múltiples puntos piratas y se incautaron muchos cilindros envasados de manera ilícita. Las imágenes hablan por sí solas, denotan el peligro que trae consigo la ilegalidad en y para la industria del gas propano, pero sobre todo para la población y los establecimientos públicos donde se encontraron estas instalaciones ilegales en Medellín, Cauca, Bogotá y sus localidades Bosa, Engativá, Ciudad Bolívar e incluso para el municipio de Soacha.

Plantas de llenado improvisadas en parqueaderos, vehículos cargados con pipetas ilegales y sin seguridad que transitan cerca de colegios y establecimientos públicos, tanques ilícitos enterrados en vía públicas ubicados cerca de talleres de soldadura, pipetas contramarcadas con sellos falsos de empresas legales, son solo algunos de los ejemplos de este grave y olvidado problema que amenaza diariamente a niños, ancianos y familias del país.

Aparte de esto, los ilegales saben exactamente donde ubicar y resguardar sus plantas ilícitas, por ejemplo, en el municipio de La Sierra en Cauca las empresas legales que distribuyen gas propano no interponen las demandas a llenaderos ilegales de GLP por evitar retaliaciones sobre sus empleados y la infraestructura de las compañías, esta es una zona bastante compleja y punto de intercambio de secuestrados entre delincuencia común y guerrilla.

Los dueños del mercado ilegal tienen un sistema estructurado pero extremadamente riesgoso, sus plantas son artesanales y están ubicadas cerca de residencias y establecimientos públicos, sus tubos pasan por terrenos con amplia circulación de personas, sus cilindros son manipulados y se encuentran en mal estado o son hurtados a las compañías legales, los sellos que utilizan son sinónimo suplantación y falsedad marcaria, sus vehículos no cumplen con una sola de las leyes relacionadas al transporte de gas propano.

La ilegalidad y el contrabando en el mercado del GLP afecta directamente a la totalidad de las empresas legales que lo distribuyen, las compañías pierden millones de dólares por cuenta de este fenómeno y los usuarios de este tipo de gas se ven expuestos a explosiones, mala calidad del energético y engaño.

De acuerdo con Evamaría Uribe, presidente de GASNOVA “Este fenómeno ilegal necesita la unión de esfuerzos entre las autoridades de policía, la Fiscalía y los jueces nacionales, regionales y locales, las empresas legales que distribuyen gas propano y los usuarios de este energético. La consecuencia más grave de este mercado ilícito es la exposición a un peligro inminente e innecesario de la población colombiana”.

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