Congresistas piden elevar el GLP a prioridad estratégica en el Plan de Desarrollo

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Congresistas piden elevar el GLP a prioridad estratégica en el Plan de Desarrollo

Durante el panel legislativo de GASNOVA, senadores y representantes de diversas bancadas coincidieron en la urgencia de blindar los subsidios al cilindro, destrabar consultas previas y garantizar la independencia de la CREC para asegurar el abastecimiento energético nacional.

Bogotá, 21 de septiembre del 2026 — El debate legislativo en torno al futuro energético del país tuvo un espacio central durante el 8° Congreso Internacional del GLP, organizado por la Asociación Colombiana del GLP – GASNOVA. En el panel “Agenda Legislativa: los retos del sector energético”, moderado por Tomás Restrepo, asesor legislativo del gremio, senadores y representantes de distintos partidos políticos coincidieron en un diagnóstico común: Colombia enfrenta una encrucijada crítica en reservas, tarifas y abastecimiento, donde el Gas Licuado del Petróleo (GLP) se consolida como un combustible indispensable para la transición justa, la cobertura social y la sustitución de leña.

La conversación se centró en tres frentes determinantes para el sector del GLP y energético: la estrechez fiscal y la sostenibilidad del esquema de subsidios al cilindro, la necesidad de destrabar cuellos de botella en consultas previas y licenciamiento ambiental, y la urgencia de fortalecer la autonomía técnica de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Más allá de los matices ideológicos, el panel dejó en evidencia que los congresistas coincidieron en que el GLP es un energético versátil, limpio y estratégico para la equidad territorial, cuya sostenibilidad exige decisiones inmediatas: asignación puntual de recursos presupuestales, estabilidad regulatoria en la CREG y un marco normativo ágil para el desarrollo de infraestructura.

Estos son algunos de los apartes destacados que analizaron los congresistas participantes.

Sara Castellanos: Blindar los subsidios al GLP y ampliar cobertura a 12 departamentos

La senadora Sara Castellanos, presidenta de la Comisión III del Senado, centró su intervención en la rigidez presupuestal del país y la necesidad de priorizar la inversión frente a los crecientes gastos de funcionamiento. Castellanos reveló que, junto con la representante Carol Borda, radicó una solicitud formal ante el Ministerio de Hacienda para blindar el rubro de gas combustible y extender el subsidio al GLP a los 12 departamentos más golpeados por la pobreza energética. Enfatizó que el Plan Nacional de Desarrollo será la ventana definitiva para proyectar infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución que responda a las necesidades de las regiones desprovistas de redes de gas natural.

Óscar Villamizar: Ejecución ágil, liquidez financiera y tope a las consultas previas

El senador Óscar Villamizar advirtió sobre la delicada coyuntura de caja del Estado y el rezago acumulado en el giro de recursos para subsidios, factor que asfixia financieramente a las empresas distribuidoras. Ante este panorama, Villamizar planteó evaluar instrumentos de contingencia, como la emisión de títulos de deuda pública transables en la banca comercial para respaldar las acreencias del sector y asegurar la continuidad del servicio. En el plano legislativo, anunció la radicación de un proyecto conjunto con el representante Juan Espinal para reglamentar la consulta previa, fijando un límite temporal estricto de un año para evacuar los procesos y evitar la parálisis de los proyectos estratégicos de infraestructura y producción.

Jennifer Pedraza: Licencia social, mérito técnico en la CREG y rol clave en la transición

La senadora Jennifer Pedraza sostuvo que la soberanía energética y la reactivación productiva no pueden disociarse de la legitimidad ciudadana ni del cuidado de áreas ambientales estratégicas, advirtiendo que la explotación debe salvaguardar fuentes hídricas críticas como los páramos. Pedraza defendió a ultranza la estabilidad y el perfil técnico de la CREG, alertó sobre los recortes previstos en el sector minero-metalúrgico y energético, e insistió en que el GLP no compite con la descarbonización, sino que es su vehículo más viable en el mediano plazo debido a sus reducidas emisiones frente al diésel, la gasolina y la leña. Concluyó llamando al gremio a liderar una pedagogía ciudadana masiva sobre las bondades técnicas y sociales del combustible.

Miguel Ángel Barreto: Estampillado de transporte, almacenamiento estratégico y ley marco para el gas

El senador Miguel Ángel Barreto alertó sobre la creciente vulnerabilidad del país ante el aumento progresivo de las importaciones de gas, recordando que los costos externos triplican los valores de producción nacional y se trasladan íntegramente a las tarifas de los usuarios finales. Frente a este panorama, Barreto propuso estructurar una ley integral del gas —análoga a las normas históricas del sector eléctrico— y evaluar un esquema de estampillado en el transporte que evite sobrecostos regresivos por distancia geográfica, protegiendo a los consumidores del interior. Asimismo, reiteró la necesidad de fijar reglas claras para expandir la capacidad nacional de almacenamiento estratégico y dotar a la CREG de una verdadera autonomía técnica frente al Ejecutivo.

Carol Borda: Control político estricto, licenciamiento ambiental abreviado y articulación técnica

La representante Carol Borda destacó que el Congreso ejercerá un riguroso control político sobre la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y los entes de control para evitar distorsiones institucionales que afecten la seguridad jurídica de las compañías. Borda defendió la universalización gradual del subsidio al GLP como la herramienta más eficiente contra la deforestación y la pobreza energética rural. En materia operativa, planteó extender los esquemas de licenciamiento ambiental abreviado —con plazos límite de 180 días— no solo a parques solares o eólicos, sino a la infraestructura crítica de hidrocarburos y gases combustibles, convocando a una mesa de trabajo conjunta entre el gremio y las comisiones económicas para incluir estas metas en el articulado del Plan de Desarrollo.

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